REFORMAS EN MÉXICO, UN PELIGRO PARA TODOS

La reforma energética que discute el Senado ha dado giros y sobresaltos peligrosos para las afecciones coronarias.

Al deshacer y recomponer toda la industria de hidrocarburos y electricidad del país, deja a Pemex -y sus dinosaurios- en un estado propicio al infarto.
La reforma abre por completo el sector energético a privados nacionales y extranjeros mediante contratos de licencias y pagos con petróleo.

Además quita a Pemex el control de licitaciones, contratos, dinero y ductos.
Mala noticia para quienes hicieron acuerdos con las empresas privadas y otorgaron contratos bajo reglas que se controlaban muchas veces en las regiones petroleras, bajo constantes acusaciones de corrupción.
Pero también lo es para quienes buscaban que Pemex se fortaleciera: la reforma hace que la paraestatal ya no controle sus ganancias, le elimina el estatus de organismo descentralizado, y le obliga a probar sus méritos para quedarse con las zonas petroleras que hoy explota.
Como paradoja del destino, el futuro de Pemex queda en manos de quien ha sido uno de sus más acérrimos críticos, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda.
De ser un organismo técnico que prácticamente tenía que rogarle a la petrolera por información, cuyos dictámenes constituyeron casi la única crítica sistémica que recibió Pemex en su historia, pasará a ser su juzgador.

La secretaría de Energía, por conducto de la CNH, regirá la industria, decidirá dónde se inicia un proyecto petrolero, qué tipo de contrato de aprueba para cada yacimiento, cómo se va a licitar, quién se quedará con el contrato y cómo se está operando.
Claro, también la CNH firmará los contratos.
El edificio de la Comisión en el sur de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de interés de las petroleras internacionales, las cuales podrán firmar contratos de utilidad compartida, riesgo compartido y licencias, con posibilidad de registrar las reservas como activos de sus empresas.
Todo esto si las Cámaras autorizan las modificaciones a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 en la propuesta que acordaron el PRI y el PAN antes de hacerla pública.